Comunicado de Prensa – Querellas en la Oficina del Contralor y Ética Gubernamental

guardia 12

El día 3 de Julio de 2015, la Organización de Ateístas de Puerto Rico, radicó una querella en la Oficina del Contralor, recibida y leída por Egda Magaly Pagán Rivera. Querella que también a sido presentada ante la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico, hoy 6 de Julio de 2015, a consecuencia del conocido bloqueo realizado por la Policía Municipal de Barceloneta el pasado, 1 de Julio de 2015 en la carretera núm. 140; que ubica bajo el puente del expreso José de Diego (PR-22); a la altura del centro comercial “Premium Outlets”. La Organización de Ateístas de Puerto Rico, entiende que la Policía Municipal de Barceloneta ha incurrido en varias conductas ilícitas al realizar los mencionados bloqueos. Cabe destacar que estos proceden de actos meramente personales, fuera de sus asignaciones u obligaciones como agentes del orden público. Dejando así al descubierto sus insignias y uniformes para actividades de índole religioso y en defecto utilizando horas laborables que son costeadas con fondos del erario público, para fines que no adelantan los propósitos de dicha agencia ni los intereses públicos del Municipio y mucho menos del E.L.A. El alegado bloqueo surgió como una actividad religiosa, profesando la fe cristiana y consistía en detener a conductores ciudadanos con el propósito de orar por ellos y predicarles sobre la doctrina religiosa anteriormente señalada. Para poder entrar en detalle sobre el aludido tema, debemos dar un breve vistazo a algunos pasajes de nuestra constitución federal y local, e incluso de nuestra jurisprudencia criolla, con el fin de explicar nuestros señalamientos:

  1. Como es de conocimiento general nuestra Constitución puertorriqueña, en su Artículo 2, Sección 3 expone que en nuestro país: “Habrá completa separación de la iglesia y el estado.” Por consiguiente todo agente del servicio público, municipal o estatal debe reconocer que el estado no puede entrometerse e identificarse con creencia religiosa alguna ya que vivimos en una sociedad pluralista y diversificada donde muchos de nuestros ciudadanos son no creyentes y/o practican algún tipo de religión distinta.
  2. Un breve vistazo a Ley de la Policía Municipal (Ley Núm. 19 del 12 de mayo de 1977, según enmendada) detalla con especificidad las labores que todo oficial Municipal debe cumplir al momento de ejercer su cargo. Citando la Sec. 6 de Poderes y responsabilidades, (21 L.P.R.A.sec. 1066); se aprecia que un oficial municipal se obliga a:(a) Cumplir y hacer cumplir la ley, proteger la vida y la propiedad de los ciudadanos, velar por la seguridad y el orden público, prevenir la comisión de actos delictivos y perseguir los delitos que se cometan en su presencia y aquellos que se le sometan por información y creencia en coordinación con la Policía Estatal.
    (b)  Compeler la obediencia a las ordenanzas y reglamentos promulgados por el municipio correspondiente y ofrecer la debida orientación de las ordenanzas relacionadas con la seguridad y el orden público.
    (c)  Hacer cumplir las disposiciones de las [9 LPRA secs. 301 et seq.], conocidas como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, y expedir los correspondientes boletos de faltas administrativas de tránsito en caso de infracción a dichas disposiciones y relativas a los límites de velocidad.
    (d)  Ofrecer adecuada protección y vigilancia a la propiedad municipal, sus edificios, oficinas y dependencias.
    (e)  Establecer, en coordinación con la Policía Estatal, un servicio de patrullaje preventivo.
    (f)  Mantener la debida vigilancia en las áreas de estacionamiento y zonas de cruces de escolares y, en coordinación con la Policía Estatal, dirigir el tránsito en las áreas de mayor congestión vehicular.
    (g)  Prestar la debida protección al público reunido en las actividades recreativas, deportivas, sociales, cívicas y religiosas que se celebren en el municipio y velar por el mantenimiento del orden en tales actividades.
    (h)  La Policía Municipal no podrá intervenir ni prestar servicios como tal en ningún conflicto huelgario u obrero patronal, excepto cuando el Superintendente de la Policía Estatal requiera sus servicios o a tenor con lo dispuesto en la sec. 1076 de esta ley.
    (i)  Hacer cumplir las disposiciones de las [33 LPRA secs. 1401 et seq.], que impone penalidades por arrojar basura a las vías públicas o privadas.
    (j)  No obstante lo dispuesto en las [9 LPRA secs. 301 et seq.], conocidas como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, y sus reglamentos, o lo indicado por luces y señales, cualquier miembro de la Policía Municipal, de ser necesario a su juicio para despejar el tránsito congestionado de una vía pública, podrá variar lo que en las mismas se indicará, o impedir o variar el tránsito y será la obligación de todo conductor de vehículo de motor o peatón obedecer dicha orden o señal.
    (k)  Los miembros de la Policía Municipal podrán usar cualquier aparato electrónico o mecánico de reconocida exactitud a los fines de determinar y comprobar la velocidad de los vehículos de motor que transitan por las vías públicas.
    (l)  Ninguna persona podrá voluntariamente desobedecer o negarse a cumplir una indicación u orden legal que se imparta en la forma dispuesta en esta ley por un miembro de la Policía Municipal con autoridad legal para dirigir, controlar o regular el tránsito.
    (m)  Hacer cumplir las disposiciones dirigidas a prevenir y combatir la violencia doméstica en Puerto Rico, contenidas en las [8 LPRA secs. 601 et seq.], conocidas como “Ley de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, conforme los parámetros dispuestos en la misma.
    (n)  Los miembros del Cuerpo no podrán intervenir en ningún caso donde se investigue a otro Guardia Municipal que esté adscrito al mismo municipio.
  1. Como puede apreciarse en el inciso (g) los oficiales si están en la obligación de proteger la vida y la seguridad de todo ciudadano, sea religioso o no. Sin embargo en ninguno de los incisos mencionados los oficiales municipales están llamados a realizar cultos evangélicos, ni mucho menos a representar o identificarse con alguna religión mediante ritos y predicas en horas laborables.

  2. Con relación al “bloqueo realizado”, nos remontamos a las palabras de nuestro Honorable Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso, Pueblo de Puerto Rico v. Henry Yip Berrios, 9 DTS 16 quien expresó lo siguiente:

    La Sección 10 del Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en lo aquí pertinente dispone: No se violará el derecho del pueblo a la protección de sus personas, casas, papeles y efectos contra registros, incautaciones y allanamientos irrazonables.

En términos prácticos, dicha disposición constitucional pretende impedir que el Estado interfiera con la intimidad y libertad de las personas excepto en aquellas instancias en las que el propio ordenamiento lo permite.

En Pueblo v. Sosa Díaz, 90 D.P.R. 622 (1964), extendimos la protección constitucional que ofrece la Sección 10 del Artículo II de nuestra Constitución específicamente a los vehículos de motor.

Tanto bajo la Cuarta Enmienda Federal como bajo la Constitución de Puerto Rico,

la detención temporera de una persona que conduce un vehículo de motor por parte de agentes estatales constituye una incautación de la persona aún cuando la detención haya sido por un período breve de tiempo o para un propósito en específico. Whren v. U.S., 116 S.Ct. 1769 (1996); U.S. v. Brignoni-Ponce, 422 U.S. 873, 878 (1975).

….la detención de un vehículo por parte de un miembro de la Policía queda enmarcada dentro del imperativo constitucional de que dentro de las circunstancias del caso, tal incautación sea razonable de forma que no se lesionen los derechos de la ciudadanía. Whren v. U.S., 116 S.Ct. a la pág. 1772.

….En el pasado hemos reconocido como razonable la detención de un vehículo de motor bajo circunstancias que originan motivos fundados o causa probable para creer que ha ocurrido una violación de las leyes de tránsito. Pueblo v. Malavé González, supra; Pueblo v. De Jesús Robles, 92 D.P.R. 345 (1965); de la jurisdicción federal véanse Whren v. U.S., supra; Pennsylvania v. Mimms, 434 U.S. 106, 109 (1977); Dunaway v. New York, 442 U.S 200, 209 (1979).

  1. Como ha expresado nuestro Tribunal Supremo de Puerto Rico, ante la detención de un conductor en la vía pública debe existir algún MOTIVO FUNDADO de que se ha violado algún delito y dicha detención debe responder a un INTERÉS PÚBLICO, como lo es el erradicar la criminalidad. De otra forma se atenta crasamente contra el derecho constitucional a la intimidad.

  2. Consideremos la sección 5 1120(a) de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico la cual dispone que:

    a) Todo conductor de vehículos deberá detenerse inmediatamente cuando un agente del orden público se lo requiriera y vendrá obligado igualmente a identificarse con dicho agente si así se lo solicitare, y también deberá mostrarle todos los documentos que de acuerdo con este Capítulo y sus reglamentos debe llevar consigo o en el vehículo. 9 LPRA sección 1152(a) (1976).

7. Como se aprecia en el anterior inciso todo ciudadano debe detenerse ante la llamada o aviso de un agente, para no obstruir el la justicia. Por lo tanto el argumentar que un ciudadano se detiene ante un bloqueo por mero consentimiento es completamente erróneo.

  1. Los criterios de razonabilidad expresados por nuestro Tribunal Supremo de Puerto Rico, son una clara muestra de que ningún oficial puede detener a un ciudadano sin algún motivo fundado de que se ha cometido un crimen o se han violado las leyes de tránsito. De lo contrario se estaría violando el derecho constitucional a la intimidad de las personas y a su vez se les estaría imponiendo por parte del estado una carga religiosa que atenta contra los preceptos de nuestra constitución.

  2. Resta considerar la Ley Núm. 1 del año 2012 (Ley de Etica Gubernamental de Puerto Rico) y sus incisos (b) y (s) en su Artículo 4.2 (Prohibiciones éticas de carácter general):

    (b) Un servidor público no puede utilizar los deberes y las facultades de su cargo ni la propiedad o los fondos públicos para obtener, directa o indirectamente, para él o para una persona privada o negocio, cualquier beneficio que no esté permitido por ley.

    (s) Un servidor público no puede llevar a cabo una acción que ponga en duda la imparcialidad e integridad de la función gubernamental.

10. Como se aprecia en los incisos anteriores ningún servidor público puede utilizar directa o indirectamente las facultades que por cargo la ley les otorga, para aupiciar actividades con fines o motivos personales, sea en favor suyo o de algun tercero; no limitandose a entidades privadas como lo es la Iglesia de Dios Pentecostal de Barceloneta y sus líderes religiosos. “Cuando la ley es precisa y clara no se presta para interpretaciones.”

Según los datos recopilados y muestras de la prensa local, podemos constatar, sin duda alguna, que estos servidores públicos, utilizaron los recursos provistos por el gobierno de Puerto Rico, los cuales tienen fines restrictos de erradicar la criminalidad, para adelantar beneficios personales. Incurriendo así en ritos y mímicas religiosas durante una intervención vehicular, en horas laborables. Dando una clara impresión de que el Estado utiliza sus fuentes de orden público para cristianizar a nuestros ciudadanos. Actos dignos de un gobierno canónico, no como el que impera en nuestra sociedad actual. Por ende, estos actos religiosos por parte de estos servidores públicos durante horas laborables, menoscaban la imparcialidad e integridad de sus funciones gubernamentales ante los ojos de personas de distintas denominaciones religiosas y no creyentes, entre otros.

En conclusión la Policía Municipal de Barceloneta debió hacer uso correcto de los procedimientos y Órdenes Generales de la Policía de Puerto Rico, que establecen que dichos bloqueos solo interferirá mínimamente con el tránsito y que la detención del vehículo será razonable, garantizando así, los derechos constitucionales de nuestros ciudadanos.

Nos preocupa grandemente que personas seculares de alguna otra religión, secta e incluso los no creyentes, se vean en la obligación de detenerse en un bloqueo sin razonabilidad estatal alguna; exponerse a dicha intervención y tener que aceptar, algún tipo de adoctrinamiento, por temor a algún tipo de intimidación, represalia o coacción de algún agente del servicio público.

Nuestra organización reúne tanto ateos, como agnósticos y librepensadores. Es parte de nuestra misión hacer cumplir nuestra constitución federal y criolla, sus leyes y procedimientos. En especial aquella cláusula que se promueve en el Artículo 2, Sección 3 de nuestra Carta de Derechos, la cual establece una completa separación de la iglesia y el estado en nuestro país.

Nuestra organización, Ateístas de Puerto Rico busca que el Gobierno Estatal y Municipal siempre tengan en cuenta el bienestar social, emocional y mental de todos los residentes de Puerto Rico al igual que cumplan con todas sus libertades protegidas bajo la Constitución de Puerto Rico y Estados Unidos. Por tanto exigimos, por los argumento anteriormente esbozados que se prohíba terminantemente que cualquier agente del servicio público imponga su religión o creencias a nuestros ciudadanos en horas laborables y a su vez utilice los recursos provistos por las leyes de protección al ciudadano que tanto peso constitucional tienen, para realizar actividades personales o campanas religiosas responsablemente cumple con la ley.

Atentamente,

Departamento Legal

legal@ateistaspr.com

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